La denunciante, de 32 años, permanece con licencia médica desde octubre de 2024, justo antes de presentar la acusación ante la Fiscalía Centro Norte por hechos ocurridos en el Hotel Panamericano. Desde entonces no ha podido volver a su trabajo, ya que aún no recibe el alta médica, lo que agrava su incertidumbre laboral y emocional. Su equipo jurídico insiste en que la negativa de la Compin vulnera derechos fundamentales y analiza presentar acciones legales para proteger su estabilidad mientras avanza la investigación.
El caso se enmarca además en un debate mayor por el uso y control de licencias médicas en el sector público, luego de conocerse irregularidades que involucrarían a miles de funcionarios. Según la Superintendencia de Seguridad Social, las licencias por trastornos mentales son las más habituales y las más rechazadas. Para la abogada de la funcionaria, María Elena Santibáñez, la situación refleja una revictimización inaceptable, ya que el Estado ha requerido su testimonio en múltiples ocasiones. La próxima audiencia clave está programada para el 18 de julio, cuando la Fiscalía reformalice a Monsalve y se presenten los informes periciales de la PDI.