Este jueves 3 de junio entró en vigencia en seis regiones del país la segunda etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas, cuyo principal objetivo es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, estableciendo un nuevo trato a la infancia, a través de un marco normativo que regula la toma declaraciones, así como la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas durante el proceso judicial, entre otros factores.
Las regiones de la segunda etapa en donde comenzó a regir la Ley de Entrevistas Videograbadas son Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos.
Para celebrar la puesta en marcha de la segunda etapa de la ley, se realizó una ceremonia telemática que contó con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; junto con el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el Defensor Nacional (s), Marco Montero; la directora de Derechos Humanos y Protección a la Familia de Carabineros, general Karina Soza; y el jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Juan Carlos Carrasco. Ocasión en que las autoridades destacaron la importancia de implementar esta ley en el país, para luego dar inicio a la inauguración de diversas Salas Especializadas en todas las regiones donde comenzó a regir la ley.
Atacama
De este modo, de manera simbólica se realizó un corte de cinta con lo que se dio por implementada dicha normativa, la que en el caso de Atacama cuenta con la coordinación de los organismo involucrados en la puesta en marcha de esta Ley.
En este contexto, la ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó Aída Osses Herrera, encargada de la implementación de la Ley 21.057 para el Poder Judicial en Atacama, aseguró que para la institución “esta ley es muy importante, puesto que propende a la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves y además, como un punto muy relevante, apunta a evitar la revictimización secundaria. Este es un hito, un cambio de paradigma, un cambio en la historia de la declaración de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal”.
Añadió que los cinco tribunales de Atacama en los que existen salas de entrevista videograbada se han preparado para esta instancia, con capacitaciones a jueces, funcionarios y administradores. “Hemos realizado simulaciones y pruebas técnicas en cada uno de los tribunales, y con la colaboración de todas las entidades del ámbito de la justicia, estamos seguros que en nuestra región de Atacama la ley se va a poner en práctica de muy buena manera”, dijo.
De la misma manera el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, destacó el trabajo institucional que hace más de un año se realiza para poder adaptar procesos de trabajo y protocolos de actuación frente a este importante desafío. “La Fiscalía de Atacama comenzó a trabajar en la implementación de esta Ley desde el mismo momento en que promulgada en el año 2018. Esto porque su implementación involucra cambios profundos en los métodos en que, hasta ahora, se abordaba estos casos. En la actualidad, gracias a un proceso de marcha blanca ejecutado por la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía de Atacama, tanto nuestros Entrevistadores como las salas en que se registran las declaraciones, están en pleno desarrollo de sus funciones. En cuanto a fiscales y funcionarios que cumplirán el rol de “Entrevistador” dentro del Ministerio Público, destacamos su función y la permanente preocupación por mantener actualizados sus conocimientos para poder así seguir acreditados, requisito principal para poder cumplir con la diligencia investigativa que decretan los fiscales que indagan los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes”, señaló.
Por su parte, la secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Margarita Contreras, señaló que “esta ley representa una de las modernizaciones más profundas de la legislación en materias de Infancia y Adolescencia promulgada por el Presidente Sebastián Piñera para proteger a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de graves vulneraciones. A partir de esta normativa, las víctimas realizarán un único relato de estos hechos, el cual contará con un registro audiovisual que será puesto a disposición de los intervinientes del sistema procesal penal encargados de investigar y perseguir penalmente estos graves delitos. Agradecemos los esfuerzos realizados por el Poder Judicial y Ministerio Público, quienes habilitaron salas especiales y han realizado capacitaciones para contar con entrevistadores y sensibilizar a diversas instituciones en esta materia, así como también las coordinaciones que han efectuado la Defensoría Penal Pública, Carabineros y la PDI para implementar la ley en nuestra región”.
Ley 21.057
La Ley de Entrevista Investigativa Videograbada crea un nuevo marco normativo para denunciar, investigar y juzgar los delitos graves que afecten a niños, niñas y adolescentes. Ellos, antes de esta legislación, debían repetir en múltiples ocasiones sus testimonios durante todo el proceso judicial, frente a personal no especializado y en lugares poco adecuados, causándoles daños adicionales al que ya sufrieron como víctimas estos hechos.
Es así como esta ley crea la figura de los “entrevistadores” y los “intermediadores”, quienes son personas acreditadas y especializadas, que están a cargo de desarrollar las entrevistas videograbadas con los menores de edad durante la investigación penal y durante el juicio oral, respectivamente. Además, la ley permitió la creación de “Salas Especiales” en los Tribunales, la Fiscalía y las policías, donde se desarrollan estas diligencias, en un ambiente adecuado que resguarda en todo momento la integridad de los NNA.
En Atacama, en la actualidad la Fiscalía de Atacama cuenta con 5 entrevistadores acreditados y dos en proceso de cumplir con este requisito; la PDI ya tiene una funcionaria acreditada y tres en proceso; mientras que Carabineros ya cuenta con una funcionaria acreditada y dos en trámite. De esta manera la región contará con 14 personas facultadas para tomar declaración a las víctimas.