El conflicto entre el Club Aéreo de Puerto Montt y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por el futuro del Aeródromo Marcel Marchant Binder, conocido como La Paloma, entró en una fase de alta tensión tras conocerse la posición formal del propietario del recinto frente al proyecto que busca reemplazar el actual Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) por un Servicio de Control de Aeródromo mediante Torre de Control (TWR).
La controversia fue revelada por Radio Bío Bío, que dio cuenta del intercambio entre ambas instituciones. Patagonia Radio tuvo además acceso a la carta enviada el 7 de agosto de 2026 por el Directorio del Club Aéreo de Puerto Montt al director general de Aeronáutica Civil, en la cual la organización desarrolla los argumentos jurídicos y patrimoniales que sustentan su posición.
El documento permite establecer que la discusión no se limita a determinar si La Paloma necesita o no una Torre de Control. El conflicto aborda una cuestión más profunda: hasta dónde llegan las facultades de la autoridad aeronáutica cuando para ejecutar una decisión operacional requiere utilizar terrenos pertenecientes a un privado.
Club Aéreo reconoce las facultades de la DGAC
Uno de los primeros aspectos que establece el documento es que el Club Aéreo no desconoce las atribuciones legales de la DGAC para fiscalizar aeródromos públicos y privados, organizar y controlar el tránsito aéreo y establecer normas relacionadas con la seguridad operacional.
Sin embargo, sostiene que dichas potestades regulatorias y operacionales no otorgan a la autoridad un derecho automático para ocupar gratuitamente y por tiempo indefinido una propiedad privada.
La carta señala que esas facultades tampoco permitirían, según la interpretación del Club, modificar unilateralmente la finalidad específica para la cual el propietario autorizó la utilización del inmueble.
Ahí se encuentra uno de los principales puntos de la controversia.
Club asegura que entregó 500 metros cuadrados exclusivamente para AFIS
Según los antecedentes contenidos en la carta, mediante una comunicación fechada el 17 de febrero de 2023, el Directorio del Club Aéreo aprobó entregar aproximadamente 500 metros cuadrados de terreno en comodato precario a la DGAC.
La autorización habría tenido un objetivo expresamente definido: la “instalación de una nueva torre AFIS”.
Para el Club, esta condición es fundamental.
Su interpretación es que el terreno no fue entregado para instalar una Torre de Control TWR, para dependencias generales de la DGAC ni para desarrollar cualquier otro servicio aeronáutico distinto del AFIS.
Por esta razón, la organización sostiene que si el servicio AFIS deja de existir, también desaparece la finalidad que justificó el comodato.
La advertencia: devolver terreno y retirar instalaciones
El punto más duro de la carta aparece al abordar qué ocurriría si la DGAC concreta la transición.
El Club Aéreo sostiene que, si la DGAC modifica la condición AFIS del aeródromo, deberá restituir el terreno y retirar íntegramente sus instalaciones, equipos, obras anexas y personal del inmueble.
El documento señala además que aquello deberá realizarse a costo de la propia autoridad y sin provocar daños.
La restitución, según la posición del Club, tendría que considerar la entrega material del terreno libre de ocupantes y bienes, junto con la remoción de aquellas obras que el propietario determine que no desea conservar.
La organización fundamenta esta postura en disposiciones del Código Civil relacionadas con el comodato, argumentando que el comodatario debe destinar el bien al uso convenido y restituirlo cuando termina o deja de existir el servicio para el cual fue entregado.
Club advierte que podría impedir ingreso de funcionarios
La controversia alcanza un punto especialmente sensible respecto de la presencia de funcionarios de la autoridad aeronáutica en La Paloma.
En su comunicación, el Club sostiene que no autorizará el ingreso al recinto de personal de la DGAC desde el momento en que se modifique la condición AFIS del aeródromo.
La posición ha sido cuestionada por la autoridad aeronáutica.
De acuerdo con los antecedentes publicados originalmente por Radio Bío Bío, la DGAC considera que una medida de esa naturaleza no sería compatible con el deber de mantener la continuidad y seguridad de los servicios aeronáuticos ni con las potestades de fiscalización y control que la legislación entrega a la institución.
Así, el conflicto deja de ser exclusivamente patrimonial y podría tener consecuencias directas sobre la forma en que la autoridad ejerce sus funciones dentro del recinto.
DGAC: la seguridad operacional exige elevar el estándar
La DGAC sostiene que la transición desde AFIS hacia una Torre de Control responde a criterios técnicos y de seguridad operacional, debido al volumen y complejidad alcanzados por las operaciones en La Paloma.
Según los antecedentes dados a conocer, un Estudio de Seguridad Operacional analizó 68.451 movimientos aéreos registrados entre 2023 y 2025, además de 149 eventos ATS ocurridos entre 2021 y junio de 2026.
El estudio habría identificado 27 eventos precursores de colisión y ocho riesgos calificados como intolerables.
Estos antecedentes constituyen parte de la justificación técnica de la DGAC para concluir que el actual sistema AFIS habría dejado de ser suficiente frente a las características actuales del aeródromo.
La Paloma registra cerca de 80 movimientos diarios, donde coinciden vuelos comerciales, ambulancias aéreas, escuelas de vuelo, helicópteros, aviación ejecutiva y aviación general.
¿Qué diferencia existe entre AFIS y una Torre de Control?
La diferencia resulta fundamental para entender la discusión.
El sistema AFIS entrega información relevante a los pilotos para que puedan desarrollar sus operaciones de manera segura, pero no equivale a un servicio de control de tránsito aéreo.
Una Torre de Control (TWR) supone un nivel diferente de intervención de la autoridad, que pasa a controlar y ordenar las operaciones dentro de su área de responsabilidad, entregando autorizaciones e instrucciones a las aeronaves.
Para la DGAC, el crecimiento y la combinación de distintos tipos de operaciones en La Paloma hacen necesario avanzar hacia este segundo modelo.
Un aeródromo estratégico para la conectividad del sur
El conflicto adquiere especial relevancia porque La Paloma está lejos de ser una infraestructura destinada únicamente a la aviación recreativa.
Desde el aeródromo de Puerto Montt se desarrollan operaciones hacia localidades como Chaitén, Ayacara, Quellón, Futaleufú, Palena y Puerto Aguirre, entre otros destinos.
También operan servicios de emergencia, evacuaciones aeromédicas, escuelas de vuelo y aeronaves privadas.
Por ello, cualquier controversia que pueda afectar la continuidad de las operaciones adquiere una dimensión que supera ampliamente la relación entre la DGAC y el propietario del terreno.
Club exige conocer quién pagará la transición
La carta también incorpora un componente financiero que podría resultar decisivo para las próximas negociaciones.
El Club Aéreo solicita que, antes de continuar las reuniones, la DGAC entregue la evaluación de seguridad operacional y sus antecedentes, la normativa aplicable, las condiciones operacionales proyectadas, la distribución de competencias y responsabilidades, el plan de infraestructura y el cronograma previsto.
Pero también solicita identificar la fuente presupuestaria destinada a financiar las medidas que correspondan implementar.
La organización sostiene que no participará en una negociación cuyo propósito sea simplemente distribuir entre particulares costos u obligaciones que hayan sido previamente definidos por la autoridad.
En consecuencia, la disputa también abre una pregunta relevante: quién financiará las obras, infraestructura y eventuales modificaciones que requiera transformar La Paloma en un aeródromo con servicio de Torre de Control.
Operadores aéreos no pueden representar al propietario
El Club también busca establecer quiénes están facultados para negociar.
La organización reconoce que operadores aéreos y usuarios del aeródromo pueden ser escuchados respecto de sus necesidades, riesgos y condiciones operacionales.
Sin embargo, sostiene que ningún operador puede representar al Club, disponer de su propiedad, modificar el comodato, aprobar obras ni comprometer recursos o responsabilidades patrimoniales en su nombre.
Según la carta, las negociaciones relacionadas con el inmueble, infraestructura, administración del aeródromo, responsabilidades o financiamiento deben realizarse directamente con el Directorio del Club o con representantes formalmente mandatados.
Cuestionamiento sobre quién conduce las conversaciones
Otro elemento incorporado por el Club se relaciona con la conducción institucional del proceso.
La organización argumenta que las decisiones relacionadas con la transición deben ser adoptadas por la autoridad legalmente competente dentro de la DGAC.
En ese contexto, cuestiona que la negociación pueda ser dirigida por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, sosteniendo que las atribuciones correspondientes recaen en el director general de Aeronáutica Civil o en funcionarios que cuenten con una delegación formal.
Club dice estar disponible para mejorar la seguridad
Pese a la dureza de las advertencias, el documento no plantea un rechazo absoluto a las mejoras operacionales.
El Club Aéreo señala que mantiene su disposición a colaborar en medidas técnicamente justificadas que permitan mejorar la seguridad operacional.
Sin embargo, precisa que esa disposición no significa aceptar automáticamente las condiciones propuestas por la DGAC, consentir una utilización del terreno diferente de aquella correspondiente al AFIS ni asumir compromisos patrimoniales, regulatorios o económicos que no hayan sido previamente analizados y aprobados por su Directorio.
Esta distinción es clave: el Club no discute necesariamente que La Paloma pueda requerir mayores estándares de control aéreo; cuestiona que esa decisión permita modificar unilateralmente las condiciones bajo las cuales la DGAC utiliza propiedad privada.
DGAC separa seguridad aérea de controversia patrimonial
La posición conocida de la DGAC apunta precisamente a separar ambos asuntos.
La autoridad sostiene que una eventual controversia sobre el dominio del terreno o el título que permite su ocupación no puede impedir el ejercicio de las facultades que la legislación le entrega para administrar el tránsito aéreo y garantizar la seguridad operacional.
Al mismo tiempo, reconoce que sus atribuciones regulatorias no constituyen, por sí mismas, un derecho para ocupar indefinidamente un inmueble privado.
La DGAC discrepa, sin embargo, de que el comodato necesariamente termine de manera automática por el solo hecho de sustituir AFIS por una Torre de Control.
De esta manera, la discusión sobre el inmueble podría terminar resolviéndose por una vía diferente a la determinación técnica sobre qué servicio aeronáutico requiere La Paloma.
El Club se reserva acciones judiciales
La última parte de la comunicación aumenta todavía más la presión.
El Club Aéreo deja expresamente planteada la reserva de acciones administrativas, constitucionales y civiles para impugnar actuaciones que considere contrarias a derecho, solicitar la restitución del inmueble y reclamar la reparación de eventuales perjuicios.
La carta también fue distribuida a parlamentarios, organizaciones aeronáuticas y operadores.
Entre los destinatarios aparecen los senadores Carlos Kuschel, Fidel Espinoza, Iván Moreira y Ximena Órdenes, además de los diputados Claudia Reyes y René Alinco, la Federación Aérea de Chile, la Federación Aérea de la Región de Los Lagos, autoridades de la DGAC y operadores del propio aeródromo.
La amplitud de los destinatarios demuestra que el conflicto ya trascendió la discusión técnica y adquirió dimensiones políticas, jurídicas y gremiales.
La Paloma: una controversia con dos frentes
El escenario deja finalmente dos discusiones que avanzan en paralelo.
Por una parte está la seguridad operacional. La DGAC sostiene que los movimientos, incidentes y riesgos detectados hacen necesario elevar el estándar y establecer una Torre de Control.
Por otra se encuentra la propiedad del terreno. El Club argumenta que la potestad regulatoria del Estado no constituye automáticamente un título para utilizar propiedad privada bajo condiciones distintas de aquellas originalmente acordadas.
El desenlace dependerá de si ambas instituciones consiguen compatibilizar esos dos ámbitos.
La controversia, por tanto, ya no consiste solamente en determinar si La Paloma tendrá una Torre de Control, sino también bajo qué condiciones podrá instalarse, quién asumirá sus costos y qué ocurrirá con los terrenos actualmente utilizados por la DGAC.
En juego está además la continuidad y seguridad de una infraestructura fundamental para la conectividad aérea de Puerto Montt y de numerosas localidades de la Patagonia chilena.