La jornada de este lunes la Fiscalía de Atacama obtuvo la condena de un imputado a quien investigó por su responsabilidad en un grave delito de robo que afectó a una sucursal bancaria de Copiapó, indagatoria en que se pudo acreditar la participación consumada del acusado.
De acuerdo con los antecedentes argumentados ante los Jueces del Tribunal Oral por el fiscal que dirigió las indagatorias en esta causa, Sebastián Coya González, los hechos ocurrieron en el mes de septiembre del año 2022 alrededor de las 18:30 horas en las oficinas de Banco Estado express que se ubican en calle Chacabuco de esta ciudad.
“El trabajo de la Fiscalía Local de Copiapó, sumado al resultado de las diligencias ordenadas a personal de Carabineros, permitieron establecer la participación del acusado, quien junto a otros involucrados aún prófugos, solicitaron un vehículo de la aplicación Uber a cuyo conductor intimidaron, para luego amarrarlo y mantenerlo retenido. Utilizando ese vehículo para llegar hasta la oficina bancaria, ocasión en que concretaron un robo a mano armada intimidando a trabajadores y público que a esa hora se encontraban en dicha sucursal para darse a la fuga con más de 180 millones de pesos”, dijo el fiscal.
Coya agregó que una vez cometido el delito la Fiscalía ordenó inmediatas tareas investigativas a la SEBV, OS-7, SIP de Carabineros de Atacama, además de funcionarios del OS-9 de Santiago, pudiendo recopilar importantes medios de prueba que permitieron dar con la identidad y ubicación de uno de los participantes en este delito, quien fue detenido y formalizado. Imputado que se mantuvo en prisión preventiva hasta la realización de este Juicio en que fue condenado.
JUICIO ORAL
Sebastián Coya, con el cúmulo de antecedentes contenidos en la carpeta investigativa del caso, acusó a Cristian Riascos Chala por su participación en los ilícitos, presentando distinta evidencia y medios de prueba reunidos por la Fiscalía. Con ello, consiguió que los Jueces del Tribunal Oral determinaran condenar al acusado por la comisión de los delitos de robo calificado y robo con violencia e intimidación. Delitos por los que la Fiscalía está solicitando se imponga una pena de 20 años de presidio.
Finalmente, el fiscal informó que la pena que deberá cumplir el condenado se conocerá en una audiencia pública que fue fijada para este sábado en el Tribunal de Juicio Oral en la capital regional.