Sorpresivo anuncio desconoce plan de trabajo que ambos Gobiernos Regionales están desarrollando con las comunidades involucradas y que busca prohibir la instalación de industrias de alto impacto en la reserva.
Tras la inesperada aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad respecto al Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos para la zona comprendida entre el límite norte de La Serena y límite norte de la Región de Coquimbo, excluyendo a la Región de Atacama, los gobernadores de ambas regiones cuestionaron el proceder del Ejecutivo.
“Es improcedente”, señaló Krist Naranjo luego que el ministro del Medio Ambiente, Jaime Naranjo, anunciara en La Serena esta aprobación. “Se hizo a espaldas de la comunidad, de la ciudadanía y, tampoco se ha realizado la consulta indígena a la comunidad changa que tiene mucho que decir antes de efectuar o cómo se va a levantar esta zona protegida”.
La autoridad se quejó, además, de no haber recibido ningún documento que explique qué área se está protegiendo. “Hay un informe que nos debió (haber) hecho llegar el Ministerio del Medio Ambiente donde establece el polígono, también determina los usos y no tenemos esa información”.
En la práctica la aprobación dividió al Archipiélago de Humboldt en dos partes dejando fuera a Chañaral de Aceituno, punto de abastecimiento alimentario para los cetáceos y permite la construcción de megapuertos al no excluirlos expresamente del área protegida.
El Gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas, manifestó su desacuerdo con la resolución, indicando que “primero porque deja fuera una parte importante de la Reserva Marina Archipiélago de Humboldt, como lo es la costa de Atacama, específicamente el sector de Chañaral de Aceituno. En segundo lugar, porque es una resolución inconsulta, procesos de este tipo requieren la participación activa de la comunidad, particularmente de pescadores artesanales, las comunidades indígenas y todas las fuerzas vivas que desarrollan sus actividades en estos territorios. Y en tercer lugar, porque es una resolución que deja fuera del estándar de protección al territorio insular. Son ocho islas que forman parte de la reserva, la más grande se encuentra en el territorio de la Región de Atacama, como lo es la isla de Chañaral”.
La primera autoridad de Atacama agregó que “es una definición que no es taxativa, categórica respecto de la prohibición de actividades económicas que sean incompatibles con la protección de estos ecosistemas. Por esas razones estimamos que es absolutamente insuficiente lo que ha resuelto el Ministerio de Medio Ambiente y que no considera, además, el trabajo que venimos desarrollando en conjunto los Gobierno regionales de Atacama y Coquimbo, las comunidades que conviven en los territorios y la comunidad científica, para elevar el estándar de protección de la reserva”.
El doctor en Biología Marina, Carlos Gaymer, académico de la Universidad Católica del Norte, afirmó que “la opinión científica ha recomendado que esto tiene que ser protegido íntegramente, que incluya las ocho islas, que sean las dos regiones. Si pensamos que, entre otras cosas, uno de los principales objetos de conservación de estas áreas son las aves marinas, todas esas aves nidifican en tierra, en las islas, entonces las islas no pueden quedar excluidas, ese tipo de cosas son obviamente errores y que espero se puedan corregir”.
Nancy Duman, vocera de la Alianza Humboldt, manifestó que la principal preocupación radica en que “la creación del área marina costera protegida no explicita que protege al Archipiélago de Humboldt de los proyectos Dominga y Cruz Grande. Entonces, pierde el sentido la protección, puesto que ya la ciencia ha dicho explícitamente que esta zona es altamente sensible e incompatible con cualquier mega puerto”.
Cesar Orellana, Alcalde de Freirina, comuna de Atacama que fue excluida de la propuesta del Comité y en que se encuentra Chañaral de Aceituno, uno de los lugares con mayor avistamiento de cetáceos del archipiélago aseveró que esta decisión “es una muestra más de la total desconexión que tiene el Gobierno de turno en cuanto a reconocer el trabajo territorial que han estado haciendo los Gobierno Regionales de la Tercera y Cuarta región. Yo no sé si el Gobierno o los Ministros en este caso, toman contacto con las autoridades regionales. En esto se sabe que desde Atacama y Coquimbo hemos estado trabajando para dar la protección que merece este bello lugar, excluir a la región de Atacama no tiene sentido y por eso nos llama poderosamente la atención, más aún cuando la aprobación que hace hoy día el Gobierno no deja en explícito si se van a poder permitir megaproyectos en el sector que es algo que nos tiene muy preocupados”.
Javier Vega, consejero regional de Coquimbo, vicepresidente de la Comisión de Minería, Energía y Medio Ambiente, “existe desconfianza porque finalmente se realiza a puertas cerradas, sin informar al territorio que ha estado tan preocupado y no define si se va a instalar o no los proyectos portuarios y la instalación de Dominga. Nosotros queremos claridad. Queremos saber qué es lo que protege esta aprobación porque no ha sido consensuado ni sabemos los criterios que se están considerando y le exigimos al ministro que el pueda desarrollar encuentros en los territorios”.
Fabiola Pérez, consejera regional de Atacama y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente expresó que “recibimos esta determinación del Consejo de Ministros de seccionar y no considerar nuestra región en esta área protegida como un retroceso y una falta de respeto a la soberanía de sus territorios y sus habitantes en torno a las definiciones que estos realizan respecto del tipo de desarrollo que quieren impulsar. Consideramos que con esta decisión se pone en riesgo real la riqueza de los hábitat o biodiversidad, además del patrimonio natural como fuente de actividad económica sostenible realizada por las comunidades locales”.
Por su parte, Carolina Bahamondes, portavoz del movimiento ambiental MODEMA, indica que lo realizado “nos parece una falta de respeto”. “No hubo información ni acercamiento al territorio. El ministro no fue al territorio, no habló con las comunidades, ni comunidad changa ni pescadores; no habló con nosotros que somos los actores protagonistas de las economías sustentables y debería habernos considerado, más aún si hablamos de un área marina protegida, porque llevamos más de 15 años trabajando en esto”.
Johana Tamayo, representante de la comunidad indígena Changa de Punta de Choros, se quejó por no haber sido considerados. “Nunca hemos recibido una consulta ciudadana. Como agrupación llevamos 4 años con vigencia donde nunca nadie se ha acercado a hacernos una consulta sobre estos temas y el futuro que tendremos en el territorio”.