Un reportaje difundido durante la noche del jueves 1 de octubre entregó nuevos antecedentes sobre la Operación Pandora, investigación encabezada por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones en Osorno, Región de Los Lagos, por presuntos delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La información abordó las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y los lugares que habrían sido utilizados.
El caso tuvo su principal despliegue policial durante agosto y al 29 de ese mes sumaba 11 personas formalizadas, según informó Cooperativa. Los nuevos detalles corresponden a una investigación que ya estaba en curso.
Víctimas en situación de alta vulnerabilidad
Según los antecedentes del reportaje reseñados, entre las víctimas habría adolescentes vinculadas a residencias y programas de protección, expuestas a situaciones de vulnerabilidad personal, familiar y social.
La información también menciona víctimas de Osorno, Puerto Varas y La Unión. Algunas habrían recibido comida, alojamiento, zapatillas o drogas como retribución en el contexto de la explotación investigada.
Fiscalía indagó el uso de departamentos en Osorno
En agosto, la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, informó sobre diligencias en departamentos ubicados en el Gran Hotel y otros sectores de la ciudad, que habrían sido utilizados para los hechos investigados.
La persecutora explicó que las diligencias incluyeron coordinación con la autoridad sanitaria y el Departamento de Rentas de la municipalidad para revisar los inmuebles.
Operativo incluyó allanamientos en cinco comunas
La primera fase de la Operación Pandora movilizó a más de 90 detectives, con procedimientos simultáneos en Osorno, Calbuco, Río Bueno, Concepción y Maipú.
En esas diligencias fueron detenidas nueve personas e incautados más de 100 dispositivos tecnológicos y de almacenamiento, entre ellos teléfonos, computadores, discos duros y cámaras de video.
Once formalizados al cierre de agosto
Posteriormente fueron detenidos y formalizados otros dos imputados, con lo que la causa alcanzó 11 formalizados al 29 de agosto. En esa fecha, Cooperativa informó que la mayoría permanecía en prisión preventiva y una imputada cumplía arresto domiciliario total.
Las imputaciones comprenden, según la participación atribuida a cada persona, abuso sexual, estupro, delitos asociados a material de explotación sexual de menores de 18 años y promoción o facilitación de la explotación sexual. La formalización no constituye una condena y las responsabilidades individuales deben ser determinadas por los tribunales.