La Contraloría General de la República detectó a cuatro servidores de la Municipalidad de Puerto Montt con condenas vigentes por crimen o simple delito, según un informe publicado el 17 de noviembre de 2026. El análisis, que cruzó registros de condenas y antecedentes del personal del Estado con fecha de corte a junio, identificó 315 personas a nivel nacional y dispuso que las instituciones involucradas investiguen los casos y determinen eventuales responsabilidades administrativas.
El hallazgo está contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, elaborado con datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, del Servicio Electoral (SERVEL) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
El documento aborda la situación de servidores que, después de ingresar a la Administración del Estado, fueron condenados y permanecían registrados en funciones, sin haber renunciado o sido destituidos.
Puerto Montt y Valdivia figuran en el informe
La Municipalidad de Puerto Montt registra cuatro personas, mientras que la Municipalidad de Valdivia aparece con seis. Ambos municipios figuran entre las entidades con mayor cantidad de casos identificados en el consolidado.
A escala nacional, Carabineros de Chile concentra el mayor número, con 84 personas, seguido por el Ejército, con 22, y la Armada, con ocho.
| Institución | Personas identificadas |
|---|---|
| Carabineros de Chile | 84 |
| Ejército de Chile | 22 |
| Armada de Chile | 8 |
| Municipalidad de Valdivia | 6 |
| Fuerza Aérea de Chile | 5 |
| Municipalidad de Hualpén | 4 |
| Municipalidad de Tierra Amarilla | 4 |
| Municipalidad de Chillán | 4 |
| Municipalidad de Puerto Montt | 4 |
| Municipalidad de Tocopilla | 3 |
Fuente: Contraloría General de la República, CIC N.º 29, publicado el 17 de noviembre de 2026. Condenas vigentes a junio de 2026.
El informe no entrega los nombres, cargos ni delitos específicos de las personas asociadas al municipio puertomontino.
Los antecedentes corresponden a junio de 2026
Aunque el documento fue publicado en noviembre, la fecha de corte de las condenas vigentes es junio de 2026.
Contraloría también advierte que los antecedentes laborales son reportados por las instituciones. Por ello, un vínculo aparece vigente mientras el servicio respectivo no tramite el cese correspondiente, una precisión relevante para interpretar la situación registrada.
Son 315 personas asociadas a 317 condenas
El cruce de información permitió identificar a 315 funcionarios y servidores públicos vinculados a 317 registros de condena, ya que dos personas presentan más de una condena.
Del total de registros, 73 corresponden a crímenes y 244 a simples delitos, equivalentes al 23% y al 77%, respectivamente.
En cuanto a la distribución institucional, 149 personas pertenecen a gobiernos locales y 166 al Gobierno Central.
Además, 41 condenas corresponden a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal.
Contraloría dispone investigaciones y revisión de antecedentes
El organismo instruyó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar las condenas a las jefaturas.
Asimismo, dispuso iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente, cuando corresponda. Esta consiste en una circunstancia posterior al ingreso a la Administración del Estado que impide continuar ejerciendo un cargo público.
Las instituciones también deberán informar si las condenas fueron evaluadas y ponderadas oportunamente en los procesos de calificación, considerando criterios de comportamiento social y probidad funcionaria, además de regularizar los antecedentes en SIAPER.
La precisión sobre cargos auxiliares y administrativos
El documento cita el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575, relativo al impedimento para desempeñarse en la Administración del Estado por condenas por crimen o simple delito.
Sin embargo, incluye una precisión: para ingresar a cargos auxiliares y administrativos, no constituye impedimento una condena por un ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no se encuentre entre los delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos señalados en el informe.