En un nuevo capítulo del polémico proyecto minero portuario Dominga, ahora el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Comité de Ministros a reunirse nuevamente para analizar la propuesta que busca instalarse en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.
Recordemos que el pasado enero, la instancia conformada en su mayoría por subsecretarios de gobierno volvió a rechazar la iniciativa por excluir pronunciamientos dentro de sus informes, como posibles impactos sobre la biodiversidad y la vulnerabilidad de las especies endémicas.
Sin embargo, todo quedó en nada, pues el tribunal acogió los reclamos de la empresa titular del proyecto contra del consejo por emitir el fallo fuera del tiempo establecido e incorporar argumentos no contemplados en procesos previos, incumpliendo las exigencias del tribunal.
Con esta determinación, el Comité de Ministros tendrá un plazo máximo de 10 días para reunirse y emitir una resolución. Al respecto, la diputada Camila Musante, llamó a la instancia a volver a rechazar el proyecto.
"Esto es un fraude ambiental, porque realmente no es un proyecto, es el negocio sucio de una empresa que ha intentado torcer la ley una y otra vez, comprando voluntades y manipulando este proceso", sostuvo la parlamentaria.
En respuesta, la compañía detrás de la propuesta, Andes Iron SPA, valoró el fallo del tribunal antofagastino porque, en su consideración, el comité ha actuado de forma “inédita y grave” por no respetar las exigencias de la justicia al momento de emitir la resolución.
Por lo pronto, la iniciativa sigue en pie, más allá de los cuestionamientos cruzados entre sus defensores y detractores, donde algunos valoran el posible impulso que podría generar en la región de Coquimbo, mientras que otros reprochan los daños y consecuencias ambientales.
🚨 ÚLTIMO #NoADominga | Acusan que Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dicta resolución ilegal a favor de Dominga.
— Oceana en Chile (@OceanaChile) February 18, 2025
👉🏼 Abogados de Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades locales, anunciaron acciones legales.
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