El pasado miércoles, la Fiscalía Regional del Biobío comunicó que no va a perseverar en la causa por el delito de homicidio calificado en contra de Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo.
Cabe recordar que el niño de tres años y siete meses, fue reportado como desaparecido el 17 de febrero de 2021. Su cuerpo fue encontrado nueve días después, a dos kilómetros de su hogar en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco.
La investigación se cerró el pasado 21 de abril contra el único imputado del caso. El Ministerio Público tenía 10 días de plazo para decidir si Jorge Escobar quedaría acusado o no como responsable.
Finalmente, la decisión por el ente persecutor fue no perseverar, ya que no se lograron reunir los "antecedentes suficientes para fundar una acusación respecto del imputado".
En tanto, se fijó una audiencia de resolución que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Garantía de Arauco. Allí, la Fiscalía hará oficial la determinación.
Además, Escobar tiene otra causa abierta en su contra. En ella, se busca su culpabilidad por el delito de abandono de menor en lugar solitario con resultado de muerte.
La audiencia de formalización se fijó para el próximo 30 de mayo.
Defensoría Penal Pública se refirió a la decisión
La Defensoría Penal Pública señaló mediante un comunicado que "la decisión del Ministerio Público de no perseverar en esta investigación en contra de Jorge Escobar devela que el ente persecutor no logró reunir antecedentes probatorios suficientes para fundar una acusación".
Adicionalmente, se indicó que "esa determinación es injusta para el imputado por lo que pediremos que se debata el sobreseimiento definitivo de esta causa a fin de poner un alto a esta persecución, instalando así a que la presunción de inocencia le sea expresamente reconocida al señor Escobar".
"Una resolución judicial —que acepte el sobreseimiento— es la única manera de evitar una reapertura de esta investigación en un futuro próximo. Mantener a una persona viviendo con esta incertidumbre es inadmisible", zanjaron desde la Defensoría Penal Pública.