El Colegio de Abogados de Puerto Montt expresó su profunda preocupación por las graves demoras que afectan a la tramitación de causas en los tribunales laborales de la Región de Los Lagos y el resto del país.
En una declaración pública, el directorio del gremio advirtió que la Reforma Procesal Laboral, celebrada en su origen como un avance hacia una justicia más ágil, “hoy muestra signos de agotamiento estructural”, incumpliendo su promesa de celeridad.
Actualmente, las audiencias preparatorias se programan con una espera que puede superar los 4 o 5 meses, mientras que las audiencias de juicio se fijan hasta nueve meses después, prolongando los procesos más de un año.
Consecuencias de una justicia lenta
El organismo subrayó que esta situación no solo es una ineficiencia administrativa, sino una vulneración del derecho fundamental de acceso a una justicia oportuna.
-
Para los trabajadores: la demora tiene un impacto directo en su subsistencia, obligándolos a aceptar acuerdos conciliatorios por montos inferiores a los que en derecho les corresponden.
-
Para los empleadores: genera incertidumbre jurídica y económica que entorpece la planificación financiera y eleva los costos de litigios prolongados.
-
Para el sistema judicial: la demora erosiona la legitimidad del Poder Judicial, afectando principios esenciales como la inmediación y concentración, debilitando la confianza ciudadana.
Colegio de Abogados propone soluciones inmediatas
Ante esta crisis, el gremio llamó a la Corte Suprema, al Ministerio de Justicia y al Congreso Nacional a actuar con urgencia y coordinación. Entre las medidas propuestas destacan:
-
Aumento inmediato de la dotación judicial, mediante la creación de nuevos tribunales laborales y el nombramiento de jueces especializados, especialmente en las jurisdicciones más sobrecargadas como la Región de Los Lagos.
-
Modernización de la gestión judicial, incorporando tecnología que permita medir la carga real de trabajo y distribuir recursos de manera más eficiente.
-
Responsabilidad legislativa, exigiendo que toda futura reforma que incremente la carga de los tribunales cuente con el financiamiento adecuado para su implementación.
Un llamado urgente a las autoridades
El Colegio de Abogados concluyó que la situación “ya no admite diagnósticos y requiere acciones concretas”, recordando que la protección de los derechos laborales y la confianza en el Estado de Derecho están en riesgo si no se actúa de inmediato.