Diputados de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara plantearon utilizar como referencia para otras comunas del país la estrategia “El que raya, paga”, implementada por la Municipalidad de Puerto Montt. El modelo fue presentado por el alcalde Rodrigo Wainraihgt y busca que quienes sean responsables de rayados y grafitis asuman los costos de reparación de los espacios dañados. Según cifras entregadas por el municipio, la aplicación de estas medidas ha permitido reducir en un 90% los rayados, especialmente en el centro de la ciudad.
Puerto Montt presenta su estrategia ante la Cámara
La estrategia “El que raya, paga” llegó hasta la Cámara de Diputadas y Diputados como una experiencia municipal que podría servir de referencia para enfrentar los daños provocados por rayados y grafitis en otras ciudades.
El alcalde Rodrigo Wainraihgt presentó ante la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones las acciones impulsadas por la Municipalidad de Puerto Montt para perseguir a los responsables de daños, recuperar espacios públicos y conseguir que quienes sean sancionados reparen los lugares afectados.
Según explicó el jefe comunal, las acciones judiciales han permitido establecer medidas que obligan a responsables de rayados a pagar indemnizaciones o asumir directamente la reparación de los espacios dañados.
El municipio sostiene que la estrategia ha permitido disminuir en un 90% los rayados, principalmente en el centro de Puerto Montt. La cifra fue reiterada por la Municipalidad en la presentación de la iniciativa ante la comisión.
¿Cómo funciona “El que raya, paga”?
La política municipal contempla la persecución de casos de daños a bienes públicos y privados utilizando las herramientas legales disponibles.
Existen antecedentes concretos de su aplicación. En noviembre de 2025, por ejemplo, una investigación permitió identificar al responsable de rayar un macetero del centro de Puerto Montt, quien debió pagar $300 mil como indemnización al municipio. En otro procedimiento relacionado con daños en mobiliario público de Pelluco, se estableció el pago de $500 mil.
En abril de 2026, además, fueron formalizados imputados por rayar más de 80 inmuebles en Puerto Montt, con perjuicios estimados en cerca de $8 millones solamente respecto de bienes municipales. A esa fecha, el municipio informaba de nueve casos en que responsables habían debido responder mediante reparaciones o multas.
Diputados plantean llevar el modelo a otras comunas
La presidenta de la Comisión de Cultura, Javiera Rodríguez (REP), destacó que conocer experiencias municipales de este tipo puede contribuir al trabajo de otras comunas y planteó considerar el caso de Puerto Montt como una experiencia susceptible de ser estudiada y amplificada.
El diputado Alejandro Bernales (PL), en tanto, relacionó la estrategia con la discusión legislativa destinada a fortalecer las sanciones contra quienes provoquen daños al patrimonio.
Bernales destacó que Puerto Montt está utilizando las herramientas legales actualmente disponibles, mientras en el Congreso se discuten alternativas para penalizar estas conductas y elevar las multas.
Desde Magallanes también miran la experiencia
El diputado Alejandro Riquelme (REP) anunció que buscará analizar la experiencia con representantes municipales de la Región de Magallanes, con el objetivo de estudiar una eventual aplicación en comunas de esa zona.
Uno de los aspectos destacados durante la presentación fue que la estrategia no se limita a aumentar las consecuencias económicas: dependiendo de la resolución judicial, los responsables también pueden terminar reparando directamente los lugares dañados.
Recuperación del centro de Puerto Montt
La estrategia forma parte de una política municipal más amplia destinada a recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones del centro de Puerto Montt.
Junto con las acciones contra rayados y grafitis, el municipio ha desarrollado actividades de recuperación de espacios con participación de niños, adultos mayores, estudiantes universitarios y organizaciones de la comunidad.
La presentación ante la Cámara abre ahora la discusión sobre la posibilidad de que la experiencia de Puerto Montt pueda servir como referencia para políticas similares en otras municipalidades del país.