Una vez más, las alarmas se encienden en torno a la administración municipal en el sur de Chile. Esta vez, la protagonista es la Municipalidad de San Juan de la Costa, cuyo Departamento de Educación Municipal (DAEM) enfrenta serias observaciones tras una exhaustiva auditoría realizada por la Contraloría Regional de Los Lagos.
El Informe Final N° 237 de 2024 dado a conocer por la Contraloría General de la República (CGR), ante la Cámara de Diputados, el pasado 19 de junio, al que tuvo acceso Patagonia Radio, pone cifras concretas a un problema estructural: una deuda previsional acumulada que supera los $1.213 millones, con compromisos impagos que se remontan, increíblemente, hasta 1991. Pero no solo se trata de una cifra escandalosa: la falta de cumplimiento ha generado también un perjuicio fiscal por más de $71 millones, producto de multas, intereses y gastos de cobranza que el propio municipio deberá ahora restituir.
Una deuda histórica y un sistema que no dio aviso
Más allá del monto, lo que inquieta es la profundidad del descontrol. La deuda, que incluye compromisos con FONASA por más de $218 millones y obligaciones con múltiples entidades previsionales, no es reciente. Su origen se remonta a gestiones municipales de hace más de tres década , sin que a la fecha se hayan implementado mecanismos eficaces de contención o regularización.
La monumental deuda ha cruzado la adminstración de los siguientes alcaldes de la comuna:
- Rubén Ruiz Pérez (marzo 1989- septiembre 1992)
- Ponciano Rumian Lemus (Septiembre 1992 – septiembre 1994)
- Javier Oyarzo Ruiz (septiembre 1994 a septiembre de 2012)
- Bernardo Candia Henríquez (Octubre de 2012 a Noviembre del 2024)
¿Podría perder su cargo el alcalde? El peso de la ley sobre la gestión previsional
El informe revela también que el DAEM reconoció haber declarado, pero no pagado, las cotizaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Un incumplimiento que, según la legislación vigente, no solo representa una falta administrativa grave, sino que podría incluso derivar en la cesación del cargo del actual alcalde, José Luis Muñoz (Partido Demócrata Cristiano), quien asumió el 6 de diciembre pasado, de acuerdo con la Ley N° 20.255.
Más allá de lo técnico, el informe de Contraloría también abre una puerta a posibles consecuencias políticas y legales para el actual alcalde de San Juan de la Costa, incluso si este hubiese asumido recientemente. La normativa vigente es clara: el no pago íntegro y oportuno de cotizaciones previsionales —cuando se realiza de forma reiterada— puede constituir causal de cesación en el cargo, conforme al artículo 60, letra c), de la Ley N° 18.695, que establece la remoción por notable abandono de deberes o infracción grave a la probidad administrativa.
El inciso noveno de ese mismo artículo, modificado por la Ley N° 20.742, refuerza esta figura, señalando explícitamente que la omisión reiterada en el pago de cotizaciones configura una falta grave. Y más aún: cuando las sumas adeudadas corresponden a montos ya descontados desde las remuneraciones de los funcionarios públicos, la infracción al principio de probidad administrativa se vuelve aún más evidente.
La Contraloría General de la República, además, tiene facultades para actuar de oficio o a solicitud de cualquier concejal, y si estima que hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde, debe remitir los antecedentes al Concejo Municipal para que se inicie el procedimiento correspondiente.
Si bien el origen de la deuda previsional se remonta a 1991, la persistencia del incumplimiento y el crecimiento sostenido de la mora durante el periodo auditado (2021-2022) comprometen directamente al actual alcalde. La Contraloría no solo señala la existencia de un problema heredado, sino que cuestiona la falta de medidas correctivas efectivas por parte de la administración en ejercicio. En ese sentido, el informe es categórico al instruir al jefe comunal que "vele por el estricto cumplimiento del pago oportuno de las cotizaciones previsionales" y que "adopte las medidas de control necesarias para evitar la reiteración de lo observado".
Pagos tardíos que golpean al erario público
La omisión en los pagos previsionales no solo afecta a los trabajadores municipales. También representa un daño directo a las arcas públicas. La Contraloría detectó que el municipio debió desembolsar $59 millones en intereses y recargos, además de $12 millones en honorarios de estudios jurídicos para enfrentar demandas por no cumplir con sus obligaciones.
En total, se formuló un reparo por $71.851.711, una cifra que el municipio deberá reintegrar, y que se considera una pérdida para el patrimonio municipal. Esta situación contraviene no solo normas contables, sino principios básicos de gestión pública y de responsabilidad administrativa.
Fallas estructurales en el manejo contable
El diagnóstico va más allá de la deuda. El informe detalla una serie de deficiencias graves en el control interno, entre ellas:
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Registros contables mal clasificados, que mezclan cotizaciones obligatorias y voluntarias.
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Diferencias por más de $61 millones entre el auxiliar y los saldos contables.
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Conciliaciones bancarias sin responsables identificados, elaboradas con hasta 15 meses de retraso.
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Falta de manuales de procedimientos y controles sobre los usuarios en la plataforma PreviRed.
Todo esto configura un escenario de desorden financiero que no solo impide detectar a tiempo los problemas, sino que los agrava al no permitir su seguimiento o corrección oportuna.
Irregularidades sin resolver y plazos que se agotan
Aunque algunas observaciones han sido subsanadas —como ciertas conciliaciones o cheques caducados—, otras siguen pendientes. Entre ellas:
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22 cheques girados por más de $3 millones sin justificación ni ajuste contable.
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Tres cuentas corrientes sin respaldo documental.
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Sumarios administrativos e investigaciones sin resolución, varios fuera de plazo legal.
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Informes trimestrales al Concejo Municipal entregados con un desfase promedio de 65 días, incumpliendo el principio de celeridad.
La Contraloría ha sido clara: la municipalidad tiene 60 días hábiles para acreditar las correcciones pendientes, bajo advertencia de posibles responsabilidades administrativas.
¿Qué dice esto de la gestión pública?
Este informe no es un hecho aislado, sino un reflejo de una realidad persistente en varios municipios del país: la educación pública municipal no solo enfrenta problemas pedagógicos o de infraestructura, sino también graves deficiencias en su gestión financiera y administrativa.
La deuda previsional del DAEM de San Juan de la Costa es un síntoma de una administración que —por años— ha postergado lo ineludible: pagar lo que corresponde a sus trabajadores. Pero también plantea una interrogante mayor: ¿Cuántas otras comunas arrastran cifras similares sin que lo sepamos?