Una demanda civil presentada en el Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago ha intensificado la crisis legal de la Fundación ProCultura, al derivar en el embargo de un terreno de 6.000 m² en el sector El Amarillo, comuna de Chaitén, Región de Los Lagos.
El conflicto tiene su origen en un préstamo por $17 millones otorgado por la empresa Mazabal S.A.G.R., bajo un contrato de garantía recíproca. Según la demanda, los fondos fueron destinados a financiar un proyecto habitacional del Serviu de la Región del Biobío, el cual exigía un pagaré como respaldo financiero.
A pesar de que el 17 de noviembre de 2023 la Fundación anunció públicamente el cese de sus operaciones en Chile producto del escándalo nacional del Caso Convenios, aún mantiene activa la concesión del Museo de Sitio de Chaitén, lo que levanta interrogantes sobre la continuidad de sus compromisos legales y administrativos.
El abogado civil Mauricio Uribe detalló que, si bien la Fundación ProCultura es el deudor principal, la responsabilidad también recae en su representante legal, María Constanza Gómez, quien figura como aval, fiadora y codeudora solidaria del contrato. “Esto implica que el patrimonio personal de Gómez también podría ser embargado para cubrir la deuda”, explicó el jurista.
La demanda ejecutiva interpuesta por Mazabal busca recuperar el dinero frente al incumplimiento contractual, generando un nuevo flanco judicial para una fundación ya cuestionada por su rol en convenios con el Estado.
Este nuevo episodio agudiza el deterioro institucional de ProCultura y pone en evidencia las consecuencias civiles del Caso Convenios, más allá de las eventuales responsabilidades penales que aún se investigan.