En el Juzgado de Garantía de Puerto Montt se oficializó la presentación de una querella criminal por violación y abuso sexual agravado contra dos funcionarios del Hospital Regional, acusados por dos pacientes de la Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP). Ambas víctimas, de 24 y 25 años, aseguran haber sufrido las agresiones mientras estaban bajo sedación.
La denuncia inicial fue realizada a finales de enero de este año ante la guardia de Carabineros del mismo recinto hospitalario, ingresando a Fiscalía los días 31 de enero y 5 de febrero como casos de "violación de mayor de 14 años". Sin embargo, el equipo jurídico de las denunciantes acusa al Ministerio Público de desidia y falta de celeridad en la tramitación del caso, que permaneció inactivo por meses.
La acción legal fue presentada por los abogados Gabriel Castro y Alexandra Gallegos, en representación de las víctimas, y patrocinada por la oficina parlamentaria del diputado Héctor Ulloa. Según Castro, los relatos de las víctimas son detallados y contundentes, y existen indicios de que hechos similares han ocurrido desde 2018 bajo un modus operandi recurrente.
“El relato de las víctimas es clave, y además tenemos información sobre otras denuncias con el mismo patrón de conducta. Esto nos obliga a mantenernos fieles a sus testimonios y avanzar con perspectiva de género”, afirmó el abogado.
Por su parte, Alexandra Gallegos señaló que la presión mediática fue fundamental para reactivar las diligencias. "El caso estuvo prácticamente estancado hasta que se hizo público, lo que forzó al Ministerio Público y al Hospital a iniciar las investigaciones sumarias que debieron haberse tramitado desde comienzos de año", indicó.
El diputado Héctor Ulloa también se refirió a la gravedad de los hechos, enfatizando la importancia de la querella para acelerar la investigación y lograr justicia para las víctimas. “Esta acción legal no solo busca establecer responsabilidades penales, sino también visibilizar una cierta negligencia institucional que permitió que estos delitos se mantuvieran impunes durante tanto tiempo”, declaró.
El caso, ahora en proceso judicial, genera conmoción en la comunidad y pone bajo la lupa las prácticas y protocolos de atención en el principal recinto asistencial de la región.