La excesiva burocracia estatal, conocida como permisología, se consolida como una de las principales barreras para el desarrollo económico en Chile, y la Región de Los Lagos no es la excepción. Un informe de la Universidad San Sebastián advierte que el costo económico por permisología (ICEP) alcanzó los US$ 66 millones en 2024, representando el 3% del impacto total nacional (US$ 2.200 millones).
Esta cifra refleja proyectos detenidos, empleos que no se han generado e ingresos familiares que se han visto postergados por los retrasos en la tramitación ambiental.
Altas tasas de retraso y demoras en aprobación
El ICEP mide las pérdidas económicas por la demora en la puesta en marcha de proyectos en evaluación dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Un proyecto se considera “retrasado” cuando excede los plazos legales de tramitación.
En 2024, dos de cada tres proyectos (65%) en Los Lagos estuvieron en retraso, igualando el promedio nacional. Además, obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva tomó en promedio 420 días corridos, un plazo que frena la inversión y genera incertidumbre en los inversionistas.
Inversión aprobada y oportunidades de empleo
A pesar del contexto, la inversión aprobada por el SEIA en Los Lagos creció significativamente, alcanzando US$ 880 millones en 2024, casi cinco veces más que el año anterior, con 26 proyectos aprobados (60% de tasa de aprobación).
Actualmente, hay US$ 3.281 millones en proyectos en evaluación en la región, de los cuales:
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76% corresponde a energía.
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19% al sector inmobiliario.
Entre los más relevantes están el Parque Eólico Alto Los Muermos (US$ 1.000 millones), el Parque Eólico Cuatro Vientos (US$ 540 millones) y el Proyecto Inmobiliario Alto Volcanes (US$ 400 millones).
Si se aprobaran los proyectos retrasados, se podrían generar 3.165 nuevos empleos, cifra que en un escenario optimista subiría a 5.645. El 52% de los puestos serían en construcción y el 44% en energía.
Un desafío para el desarrollo regional
La autorización ambiental es clave para proteger la salud y el medio ambiente, pero la lentitud en los procesos debilita la legitimidad institucional y disminuye el valor económico de los proyectos.
Reducir la permisología en Los Lagos no solo aceleraría la inversión, sino que impulsaría la creación de empleo, el crecimiento productivo y la prosperidad regional.