La Asociación Gremial de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue, Agrollanquihue A.G., a través de su vicepresidente Rodrigo Lavín, manifestó profundas inquietudes respecto al reciente informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, organismo convocado por el Gobierno para proponer soluciones al conflicto territorial entre el Estado y el pueblo mapuche.
Omisiones y preocupaciones por impacto productivo
Lavín valoró que el informe cuantifique las tierras entregadas desde 1993, pero subrayó que se excluyeron más de 500 mil hectáreas transferidas antes de la vigencia de la Ley Indígena, lo que, a su juicio, distorsiona el diagnóstico real del proceso de restitución.
“La cifra oficial considera 390 mil hectáreas entregadas tras la Ley Indígena, pero no incluye las casi 500 mil entregadas mediante títulos individuales antes de 1993”, detalló.
El dirigente expresó su alarma por la propuesta de crear un nuevo fondo de tierras por 4 mil millones de dólares, estimando que permitiría adquirir otras 400 mil hectáreas, con consecuencias directas para la disponibilidad de suelos productivos.
“Cuando se establece un monto en dinero y no un límite de superficie, la demanda puede seguir creciendo. Y en regiones donde la tierra cultivable suma poco más de tres millones de hectáreas, esto podría comprometer el autoabastecimiento nacional de alimentos”, advirtió Lavín.
Según el gremio, unas 300 mil hectáreas ya entregadas actualmente no están en producción, lo que agrava la situación.
Críticas al lenguaje y enfoque del informe
Otro punto que generó malestar en Agrollanquihue es el uso del término “violencia rural” en el documento, en lugar de “terrorismo”, pese a la gravedad de los hechos registrados en el sur del país.
“Más de 60 personas han muerto y se han contabilizado cerca de 9 mil atentados. Eso no es solo violencia rural, es terrorismo con fines ideológicos y políticos, y debe reconocerse como tal”, enfatizó Lavín.
Además, expresó preocupación por propuestas que —según el gremio— podrían conducir a grados de autonomía administrativa o judicial para el pueblo mapuche, lo que consideró una amenaza a la unidad del país y al rol del Estado.
Llamado a acuerdos transversales
Pese a las críticas, Lavín destacó que el informe reconozca el profundo impacto económico y social del conflicto, especialmente en regiones como La Araucanía y Biobío.
Sin embargo, cuestionó duramente que las propuestas se hayan presentado sin el consenso total de los miembros de la comisión, lo que a su juicio erosiona las confianzas y debilita el camino hacia un acuerdo real.
“La unanimidad es esencial. Si alguien no estuvo de acuerdo, es porque no estaban dadas las condiciones. Y eso debe preocuparnos a todos”, concluyó.