La Municipalidad de Puerto Montt desvinculó a 163 funcionarios, incluidos 100 del área de Salud, en una decisión que ha desatado críticas y preocupación por su impacto en programas esenciales. El alcalde Rodrigo Wainraihgt atribuyó los despidos a la delicada situación financiera del municipio, mientras parlamentarios y concejales cuestionan la medida y advierten sobre acciones legales para frenar las desvinculaciones.
Reajustes por Deuda Millonaria y Horas Extras
El alcalde Wainraihgt explicó que la medida responde a la necesidad de controlar los gastos municipales, revelando que solo en el área de Educación la deuda asciende a $5.700 millones, mientras que Educación y Salud juntas solicitaron recursos por cerca de $13 mil millones para este año.
El edil señaló que el 63% del presupuesto municipal se destina a remuneraciones, y que durante los últimos dos años se pagaron $1.400 millones en horas extraordinarias. Además, mencionó que Puerto Montt está entre las cuatro municipalidades con más contrataciones en el país, alcanzando una dotación de aproximadamente siete mil funcionarios.
“Es una decisión dura y antipopular, pero es necesaria para velar por el bien común,” afirmó Wainraihgt, agregando que los despidos buscan mantener el equilibrio financiero y asegurar mejores condiciones para el desarrollo de la comuna.
Rechazo Político y Acciones Judiciales
La desvinculación de cien funcionarios de la Salud Municipal, ocurrida el lunes 30 de diciembre, generó alarma entre parlamentarios y concejales, quienes advirtieron que esto afectará programas esenciales como el de Diálisis Municipal y Asiste.
El diputado Héctor Ulloa (ind.), hizo un llamado al alcalde a reconsiderar la decisión, argumentando que los despidos afectan a médicos, enfermeros, kinesiólogos y Tens, profesionales claves para la comunidad.
Por su parte, el diputado Jaime Sáez (FA), anunció que oficiará al Congreso para investigar la legalidad de estas desvinculaciones, calificándolas de “despidos a mansalva” y señalando que podrían comprometer la continuidad de un departamento de salud ejemplar a nivel nacional.
La concejala Bárbara Álvarez (PPD), criticó la medida, acusando que responde a una “estrategia política” para instalar operadores de confianza. Además, calificó de “inhumano” el hecho de que las notificaciones se realizaran un día antes de Año Nuevo.
“Esto demuestra una falta de empatía y humanidad,” concluyó Álvarez.
Acciones Legales en Curso
La presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales, Beatriz Sotomayor, informó que presentarán acciones judiciales y harán llegar los antecedentes a Contraloría, mientras que los concejales Evelyn Chávez y Sebastián Almonacid manifestaron su apoyo a estas iniciativas.
Desde el municipio, Wainraihgt reafirmó que esta medida es parte de un plan de ajuste necesario para garantizar el funcionamiento de la comuna a largo plazo. “Si queremos una mejor ciudad, debemos tomar decisiones responsables,” concluyó.
