Un ciudadano taiwanés nacionalizado chileno fue arrestado en Temuco tras permanecer 13 años prófugo de la justicia por una deuda de pensión de alimentos dictada en Puerto Montt. El monto adeudado, superior a los $177 millones, es considerado el más alto registrado en la Región de Los Lagos para este tipo de causas.
Un caso inédito en la Región de Los Lagos
La detención fue realizada por funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, cumpliendo una orden de arresto emanada del Juzgado de Familia de Puerto Montt. La causa estaba vigente desde 2012 y se refiere al incumplimiento sistemático del pago de pensión alimenticia a sus dos hijos.
Una década de maniobras para eludir a la justicia
El abogado Mauricio Uribe, representante de la madre de los hijos del detenido, confirmó la captura y reveló que el hombre utilizó múltiples estrategias para evadir sus obligaciones legales, incluyendo identidades falsas, cambios de apariencia y salidas del país sin autorización.
“Este arresto es un hito judicial, no solo por la cifra, sino por los métodos que utilizó para esconderse durante tantos años”, señaló Uribe.
Actualmente, de acuerdo a El Llanquihue, el deudor cumple arresto parcial en la antigua cárcel Chin Chin de Puerto Montt.
Deuda creció por más de una década
La sentencia original fue dictada en 2012, pero nunca fue cumplida regularmente. El monto de la deuda se incrementó a lo largo de los años debido a la falta de pagos y la aplicación de reajustes, alcanzando los $177 millones, cifra inédita en la región.
Pese a los intentos por hacer cumplir la resolución desde 2015, el hombre permanecía inubicable. Se presume que salió del país en 2016, lo que complicó su localización hasta que en 2023 fue detectado en el marco de un proceso de divorcio.
Acciones judiciales reactivadas
En 2023, tras conocerse el paradero del deudor, la parte demandante solicitó el arraigo nacional, y en 2024 se logró la retención parcial de la deuda desde los fondos de AFP del implicado. En noviembre de ese mismo año, se reingresó la solicitud de arresto que finalmente se concretó.
De forma paralela, el Juzgado de Familia admitió una demanda ejecutiva y ordenó el embargo de bienes como medida de cumplimiento forzoso de la sentencia.
Llamado a sancionar a encubridores
El abogado Uribe valoró el rol del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, pero advirtió la necesidad de ir más allá:
“Es hora de debatir una ley que sancione a quienes encubren a los deudores. Hay familiares y cercanos que fueron parte del encubrimiento, y eso no puede quedar impune”, sostuvo.