A semanas de la esperada llegada del primer tren que recorrerá la ruta Puerto Montt - Llanquihue, los arrendatarios de la estación de trenes de la comuna expresaron su molestia tras recibir una orden de desalojo por parte de EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado). La medida afecta directamente a la empresa “Cibi”, que había invertido en la instalación de una fuente de soda en las dependencias, lo que ahora se ve truncado.
La representante legal de la empresa, Ana María Fernández, informó que el aviso establece como fecha tope el 15 de enero de 2025. Fernández señaló que su intención era dar continuidad a un proyecto patrimonial y cultural, considerando la importancia histórica del tren en la región.
“Pretendíamos seguir con el proyecto cultural y destacar el valor patrimonial del tren para la comuna”, declaró Fernández.
Discrepancias y Postura Municipal
El alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo, aclaró que, durante la permanencia de los arrendatarios, no se han realizado actividades culturales en colaboración con el municipio, consignó radio Biobio.
“No hemos visto iniciativas culturales concretas por parte de los arrendatarios durante su tiempo en el lugar”, afirmó Angulo.
Versión de EFE y Causas del Desalojo
Por su parte, desde EFE aseguraron que la decisión de poner término al contrato se ajusta a las cláusulas establecidas, las cuales permiten un término anticipado con un aviso de 60 días, plazo que, según la empresa, se cumplió correctamente.
Además, sostuvieron que existe una deuda pendiente de arriendo por parte de los ocupantes, la cual no ha sido saldada hasta la fecha.
“No ha habido incumplimiento por parte de EFE. El aviso de 60 días se cumplió y existe una deuda de arriendo que aún no se ha regularizado”, precisó la empresa ferroviaria.
Un Futuro en Incertidumbre
El desalojo pone en jaque las inversiones realizadas por los arrendatarios y deja en incertidumbre el futuro del espacio, justo cuando Llanquihue se prepara para el arribo del tren a fin de mes, un hito esperado para reactivar la conectividad y el turismo local.
La situación ha generado debate en la comunidad, entre quienes respaldan el proyecto patrimonial propuesto y aquellos que consideran que los contratos deben ser respetados según los acuerdos establecidos.