En el papel, el acceso a la salud pública en Chile está garantizado por la ley. Pero en la práctica, los tiempos de espera, las malas gestiones y los abusos de poder dibujan una realidad muy distinta. Esa es la principal conclusión del último informe de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR), presentado ante la Cámara de Diputados el pasado 19 de junio.
El documento —titulado “Principales Resultados de Fiscalización 2024”— recopila los hallazgos más graves detectados entre abril de 2024 y marzo de 2025. En el foco del informe: tres hospitales de la Región de Los Lagos.
Hospital de Osorno: Cirugías Express para Parientes y Funcionarios
El Hospital Base San José de Osorno enfrenta ahora serios cuestionamientos tras revelarse que funcionarios y familiares accedieron a cirugías en plazos drásticamente menores al promedio, sin justificación médica aparente.
Uno de los casos más graves involucra directamente al subdirector médico del hospital, quien gestionó la operación de su hermana tan solo dos días después de ser incluida en la lista de espera, cuando el promedio nacional para esa patología es de 330 días. Además, los exámenes preoperatorios de la paciente fueron realizados en Rancagua, su ciudad de residencia, lo que refuerza las sospechas de que el procedimiento fue gestionado de manera excepcional y sin cumplir los protocolos estándar.
El informe también da cuenta de otros casos similares, en los que funcionarios del hospital y sus familiares directos fueron operados en plazos preferenciales, sin documentación clínica que justificara tal celeridad.
Pero las irregularidades no terminan ahí.
Según la CGR, se detectaron anomalías en una licitación para intervenciones quirúrgicas de pacientes GES y No GES, en la cual el mismo subdirector médico autorizó cambios en el equipo quirúrgico ofrecido por la empresa adjudicada, a pesar de figurar él mismo como parte de la nómina de cirujanos licitados. Esta acción podría constituir un conflicto de interés directo, vulnerando principios básicos de transparencia administrativa.
Frente a la gravedad de los hechos, la Contraloría anunció que instruirá un sumario administrativo para determinar responsabilidades internas. Además, remitirá los antecedentes a la Fiscalía Regional del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, abriendo la puerta a eventuales acciones legales.
Este caso pone en entredicho la equidad y legalidad en el acceso a la salud pública en Osorno y golpea la confianza de los usuarios que deben esperar meses, incluso años, por una atención oportuna.
Hospital de Puerto Montt: El Colapso de las Listas de Espera
El caso del Hospital de Puerto Montt no es menos alarmante. El Informe Final N° 405 de 2024 documenta que durante 2023 se suspendieron 664 cirugías, de las cuales 472 (71%) fueron canceladas por causas internas, entre ellas:
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Fallas en la esterilización del instrumental.
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Errores de programación.
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Falta de disponibilidad de cirujanos.
Algunos pacientes, según constató la CGR, debieron esperar entre 60 y 257 días corridos para ser reprogramados, lo que no solo vulnera garantías sanitarias, sino que pone en riesgo la salud de los usuarios.
Además, se identificaron dos médicos ejerciendo sin estar inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud, una infracción legal que obliga al hospital a documentar todas las atenciones realizadas por estos profesionales.
Y como si eso no fuera suficiente, 31 pacientes con patologías GES (que cuentan con plazos máximos de atención definidos por ley) fueron erróneamente incorporados a listas No GES, lo que habría provocado demoras indebidas en sus tratamientos. La institución deberá ahora acreditar el registro correcto de estos casos ante la autoridad sanitaria.
Hospital de Ancud: El Caso que No Debería Pasar Desapercibido
El Hospital de Ancud, a pesar de ser consignado por error bajo la Región de Aysén, también quedó bajo observación. El Informe N° 396 de 2024 reveló que se realizó una intervención quirúrgica a un paciente particular durante horario institucional, lo que infringe la normativa que reserva ese tiempo para beneficiarios del sistema público.
Además, al igual que en Puerto Montt, se constató la presencia de dos médicos no inscritos en el registro nacional, lo que refuerza la existencia de una falla sistémica en el control de personal médico en la región.
Impacto Nacional y Consecuencias Legales
La Contraloría General de la República advirtió que estos hallazgos no son meras observaciones técnicas. Pueden derivar en acciones disciplinarias, devoluciones de fondos públicos, y remisiones a tribunales o al Ministerio Público en caso de configurarse responsabilidades penales.
Las instituciones implicadas —incluyendo los Servicios de Salud y Direcciones de Hospitales— deberán responder en un plazo acotado y acreditar ante la autoridad las medidas correctivas implementadas.
Un Sistema Bajo Sospecha
Más allá de las cifras, el informe de Contraloría pone en duda algo fundamental: la equidad en el acceso a la salud pública. Mientras funcionarios operan a sus familiares en tiempo récord, miles de pacientes comunes siguen esperando una cirugía urgente. Mientras médicos sin registro atienden sin control, otros deben lidiar con protocolos interminables.
La ciudadanía espera respuestas. Pero, sobre todo, espera que la salud pública vuelva a ser un espacio donde el mérito clínico —y no los contactos— determine quién es atendido primero.