Un duro diagnóstico entregó la Contraloría General de la República (CGR) respecto al funcionamiento de los sistemas de inhibición de señal en las cárceles chilenas. El Informe Final N° 642, de 2024, elaborado a partir de una fiscalización a Gendarmería de Chile, detalla múltiples deficiencias técnicas, operativas y de control en el uso de estas tecnologías, contratadas para impedir las comunicaciones ilícitas desde los recintos penitenciarios.
Uno de los casos más preocupantes es el del Centro Penitenciario de Puerto Montt, administrado bajo el modelo de concesión Grupo 3. Según el informe, este establecimiento cuenta con 56 inhibidores de señal tipo Jammer, pero 19 se encuentran fuera de servicio por daños o vandalismo, lo que deja una tasa de operatividad del 66,07%.
Además, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) ha mantenido desde 2014 una restricción al uso de estos equipos, debido a interferencias con redes móviles externas, lo que impide su funcionamiento normal. Esto implica que, en la práctica, la cárcel de Puerto Montt no cuenta con un sistema efectivo de bloqueo de señales telefónicas, facilitando posibles comunicaciones ilegales desde el penal.
La situación se agrava por la falta de mantenciones técnicas comprobadas en los años 2023 y 2024, y por la falta de desglose en los pagos realizados por el Ministerio de Justicia a las concesionarias. Es decir, se estaría pagando por un servicio que no se entrega en su totalidad.
El informe de Contraloría señala también que se están evaluando modificaciones contractuales para eliminar la obligación de contar con estos sistemas de inhibición obsoletos, considerando que las bandas de frecuencia que bloquean sólo cubren tecnologías antiguas como 2G, mientras que las conexiones actuales son mayoritariamente 4G y 5G.
Por otro lado, la Contraloría concluye que Gendarmería de Chile no ha ejercido una supervisión adecuada ni implementado mecanismos de control eficaces. En muchos casos, los dispositivos móviles en lista negra siguen teniendo acceso a internet vía redes WiFi externas, situación que pone en entredicho la efectividad de las medidas de seguridad penitenciaria.
El caso de la cárcel de Puerto Montt se convierte así en un ejemplo crítico de la ineficacia tecnológica y administrativa que aún persiste en el sistema carcelario chileno, y que amenaza la seguridad pública ante el riesgo de operaciones delictuales desde el interior de los penales.