La Municipalidad de Puerto Montt presentó una querella por el delito de cohecho contra un ex funcionario de la Dirección de Tránsito que, según antecedentes de noviembre de 2021, habría solicitado $50.000 a una ciudadana extranjera para agilizar trámites relacionados con la obtención de su licencia de conducir y la gestión de un certificado de estudios. La acción se interpuso ante el Juzgado de Garantía, en el marco de la política institucional de combatir cualquier indicio de corrupción.
Antecedentes del caso y denuncia de la Dirección de Tránsito
Los hechos se remontan a noviembre de 2021, cuando la entonces directora de Tránsito, Valeria Maldonado, denunció la conducta irregular del funcionario a contrata.
Según el relato presentado en la querella, el ex trabajador ofreció acelerar trámites administrativos y gestionar un certificado del Departamento Provincial de Educación, todo a cambio de $50.000.
De acuerdo con la denuncia, el funcionario incluso instruyó a la usuaria a acudir directamente a él en su próxima visita a la Dirección de Tránsito.
Configuración de cohecho y vulneración de la probidad
Incumplimiento de deberes y principios administrativos
La presentación judicial sostiene que el ex funcionario transgredió los deberes de su cargo, vulnerando los principios de legalidad, probidad administrativa y el correcto ejercicio de la función pública.
Estos hechos, señala la querella, constituyen una conducta ilícita que podría configurar el delito de cohecho, pese a que el funcionario ya no pertenece a la Municipalidad.
Política de transparencia de la actual administración
El abogado Marcos Emilfork, jefe de la Unidad Penal Municipal (UPM), destacó que la acción judicial responde a un compromiso institucional de combatir la corrupción sin excepciones ni plazos.
“Nosotros como Municipalidad, en la actual administración del alcalde Rodrigo Wainraihgt, tenemos una política de absoluta transparencia y de inflexibilidad frente a cualquier hecho de corrupción, aun cuando hayan ocurrido hace años atrás como este caso”, afirmó Emilfork.
La UPM ha presentado más de 80 querellas en los últimos años por delitos que afectan directamente al municipio y a la comunidad, entre ellos usurpación, robo de cables, rayados en bienes públicos y otros hechos de connotación pública.