El secreto bancario, históricamente considerado un pilar de la confianza en el sistema financiero, está en el centro de un encendido debate en Chile. Mientras el gobierno impulsa una reforma para permitir el acceso más expedito del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a información bancaria, sectores de oposición y del mundo empresarial acusan un riesgo de vulneración a la privacidad ciudadana y a las garantías constitucionales.
¿Qué es el secreto bancario y por qué importa?
En términos simples, el secreto bancario impide que terceros accedan libremente a la información financiera de una persona o empresa. En Chile, esta protección está consagrada por ley y solo puede ser levantada mediante orden judicial. Esto significa que ni el SII ni otros organismos pueden revisar cuentas corrientes, inversiones o movimientos financieros sin una resolución legal previa.
Esta protección, según sus defensores, es una herramienta clave para proteger la privacidad, evitar abusos por parte del Estado y prevenir delitos como fraudes o extorsiones.
Ventajas: privacidad, seguridad y confianza
Entre las principales ventajas del secreto bancario, destacan:
-
Protección de la privacidad financiera, especialmente ante gobiernos o actores con intereses políticos.
-
Prevención de delitos comunes como secuestros o estafas, al evitar que se conozcan grandes patrimonios.
-
Estabilidad y confianza en el sistema financiero, que fomenta el uso de la banca formal.
-
Resguardo para la competitividad empresarial, evitando la exposición de estrategias financieras sensibles.
Pero también tiene un lado oscuro
Sin embargo, el mismo velo que protege a los usuarios puede ser usado para encubrir delitos financieros. Especialistas en derecho tributario y economía han advertido que el secreto bancario en su forma actual dificulta la lucha contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y la corrupción.
Según el economista Claudio Agostini, “el secreto bancario en Chile está tan blindado, que se transforma en una barrera para fiscalizar a quienes tienen más medios para eludir impuestos”. Por su parte, la OCDE ha recomendado en varias ocasiones que Chile adopte estándares más flexibles, alineados con prácticas internacionales que permiten el acceso administrativo directo en ciertos casos, con salvaguardas.
¿Qué propone el gobierno?
La reforma impulsada por el Ministerio de Hacienda propone que tanto el SII como la UAF puedan acceder a información bancaria sin orden judicial en investigaciones específicas, especialmente aquellas relacionadas con delitos tributarios o financieros complejos.
El ministro Mario Marcel ha defendido la medida como una herramienta para reducir la evasión y aumentar la justicia tributaria. “No se trata de abrir datos sin control, sino de fortalecer la capacidad del Estado para fiscalizar con inteligencia y equidad”, afirmó.
Críticas y preocupaciones
La propuesta ha encendido alertas en sectores empresariales y políticos, que temen una vulneración al derecho a la privacidad y un posible uso arbitrario de la información.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI) acusó que “esto sienta un precedente peligroso para que cualquier gobierno acceda a la información financiera de los chilenos sin mayor control”. Agregó que una eventual filtración de estos datos podría tener consecuencias graves en la vida personal y empresarial.
¿Cómo se compara Chile con otros países?
A nivel internacional, la mayoría de los países de la OCDE ya han adoptado modelos más flexibles. Por ejemplo, en España y Francia, las agencias tributarias pueden acceder a información bancaria sin orden judicial, aunque bajo normas estrictas de protección de datos. Chile es uno de los pocos países donde aún se exige autorización judicial en todos los casos, lo que ha sido visto como una traba para la cooperación internacional y la transparencia fiscal.
¿más control o más exposición?
El debate está lejos de cerrarse. Lo que está en juego es el equilibrio entre proteger la privacidad individual y mejorar la eficacia del Estado para fiscalizar delitos económicos. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención cómo avanzan las negociaciones en el Congreso.