El Gobierno Regional de Los Lagos cerrará el año 2025 con una deuda flotante superior a los $16.000 millones, pese a dos transferencias extraordinarias realizadas esta semana por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Así lo confirmó el gobernador regional Alejandro Santana, quien anunció que el Gore recurrió a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre un eventual incumplimiento de la Ley de Presupuestos por parte del nivel central.
Transferencias permitieron reducir la deuda, pero no eliminarla
Con el objetivo de mitigar el impacto financiero de fin de año, Dipres realizó dos transferencias al Gobierno Regional de Los Lagos por un total de $10.483 millones.
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24 de diciembre: $6.000 millones
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26 de diciembre: $4.483 millones
Estos recursos permitieron reducir una deuda potencial inicial de $26.400 millones, aunque no fueron suficientes para cubrir la totalidad de los compromisos ya adquiridos, dejando una deuda flotante que supera los $16 mil millones.
Gobernador Santana: “Hicimos la alerta con cinco meses de anticipación”
El gobernador regional lamentó que los recursos no hayan sido transferidos de manera oportuna, pese a las advertencias realizadas con anticipación.
“Ya es definitivo: el gobierno nos dejará una deuda flotante de un poco más de 16.000 millones de pesos para este año 2025. Hicimos todos los esfuerzos para evitar esta deuda y pusimos la alarma hace cinco meses atrás, pero no fue posible”, señaló Alejandro Santana.
Asimismo, explicó que las transferencias de los últimos días permitieron bajar el monto, pero no evitar el cierre deficitario.
Recurso ante Contraloría por eventual incumplimiento legal
Santana advirtió que este escenario constituye un precedente negativo para la institucionalidad regional, acusando que se estaría trasladando a los gobiernos regionales la responsabilidad de compromisos establecidos por ley sin el respaldo financiero correspondiente.
“Nunca un gobierno había dejado de transferir los recursos comprometidos, traspasando a las regiones obligaciones que se contraen por ley”, afirmó.
Ante ello, el Gore acudió a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento formal.
“Fuimos a la Contraloría para conocer su pronunciamiento respecto a la falta o no de legalidad y al incumplimiento de la ley más importante que existe en Chile, que es la Ley de Presupuestos”, indicó.
Impacto en proveedores, obras y programas sociales
Finalmente, el gobernador regional advirtió que esta deuda flotante afecta la confianza de proveedores, ejecutores de obras públicas y organizaciones sociales, generando incertidumbre en la ejecución de proyectos financiados por el Gobierno Regional.
“Esta situación genera falta de certeza y desconfianza en quienes están a cargo de obras públicas, programas sociales y diversas iniciativas financiadas por el Gore. Ojalá que nunca más vuelva a ocurrir algo así”, concluyó.