Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad de Puerto Montt concentra 483 casos de licencias médicas posiblemente irregulares, en las que funcionarios públicos habrían salido del país mientras debían mantenerse en reposo por motivos de salud.
Este hallazgo sitúa a la capital de la Región de Los Lagos entre las 13 instituciones públicas con mayor número de casos a nivel nacional, junto a organismos como JUNJI, Fundación Integra y municipalidades del norte del país.
Según los antecedentes recopilados, las salidas del país se realizaron durante el periodo 2023-2024, y corresponden a licencias otorgadas tanto por el sistema público (FONASA) como privado (ISAPRE). Los viajes fueron detectados mediante cruces de información entre las licencias registradas por la SUSESO y los reportes de entrada/salida del país proporcionados por la Policía Internacional.
“El incumplimiento del reposo médico establecido en una licencia puede derivar en su rechazo o anulación”, señala el informe, basado en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud.
La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) complementa que el rechazo se aplica cuando hay evidencia documental, como registros migratorios, que acrediten que el trabajador no cumplió con el reposo ordenado por el profesional de salud.
En total, la Región de Los Lagos contabiliza 4.725 salidas o ingresos del país durante licencias médicas activas, lo que representa un 7,9% del total nacional de movimientos detectados en esta situación. En este contexto, el caso de Puerto Montt levanta señales de alerta respecto al control interno de las licencias médicas dentro del aparato municipal, así como la eventual responsabilidad administrativa o disciplinaria que podría derivarse para los funcionarios involucrados.
Además, se señala que las salidas del país tienden a concentrarse entre septiembre y diciembre, lo que podría indicar un uso indebido de licencias médicas con fines vacacionales.
El informe recomienda a las instituciones públicas y municipales reforzar sus mecanismos de fiscalización interna y reportar estos casos a la autoridad competente, ya que podrían configurar infracciones administrativas graves.