Desde la aplicación de la Ley de Desarrollo Indígena, se han adquirido 1.282 hectáreas en las comunas de Mariquina y Máfil (región de Los Ríos), destinadas a 10 comunidades provenientes de La Araucanía. En particular, en Máfil, se han reportado graves hechos de violencia, como robos con violencia, usurpaciones, ataques incendiarios y armados, además de amenazas a productores y trabajadores.
Frente a esta situación, la ONG Campo Seguro, representada por su gerente Francisco Muñoz, impulsó una propuesta para limitar la compra de tierras de CONADI exclusivamente a comunidades indígenas dentro de sus regiones de origen. Según Muñoz, esto busca evitar “el arribo de grupos radicales provenientes de La Araucanía que generan riesgos para la seguridad local”. La iniciativa fue incluida como indicación en la Ley de Presupuesto por el diputado Bernardo Berger y aprobada por amplia mayoría en la Cámara Baja.
Sin embargo, este jueves, el Senado, con los votos de Alfonso De Urresti, Iván Flores y David Sandoval, entre otros, aprobó la contraindicación del Gobierno para eliminar la propuesta. Según la Directora de Presupuestos, la medida era contraria a los principios históricos de las comunidades indígenas, que no deben limitarse por “divisiones administrativas modernas”. En tanto, el senador Francisco Huenchumilla, miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, respaldó esta postura, señalando que la restricción interferiría con los objetivos de la comisión.
“Un grave error legislativo”
Para Francisco Muñoz, esta decisión ignora la realidad de las regiones afectadas. Según datos de Campo Seguro, desde 2021 se han registrado 84 hechos de violencia en Los Ríos y Los Lagos, incluyendo atentados incendiarios y usurpaciones, con una única condena lograda por un ataque armado a Carabineros en Máfil. Muñoz criticó que, mientras las víctimas permanecen indefensas, “los responsables de estos actos, como integrantes de la comunidad Weichan Mapu, continúan siendo sobreseídos”.
El próximo lunes 25 de noviembre, la Cámara de Diputados votará el informe del Senado. En caso de discrepancias, se convocará a una comisión mixta para resolverlas antes del viernes 29, plazo máximo para despachar la Ley de Presupuesto 2025.